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El Gobierno alemán, encabezado por el canciller Friedrich Merz, quiere acelerar las deportaciones de ciudadanos afganos condenados por delitos graves. Para ello, busca cerrar un acuerdo con los talibanes que permita organizar hasta tres vuelos mensuales de repatriación entre Alemania y Kabul.
Desde hace semanas, fuentes del ministerio de Exteriores germano mantienen conversaciones técnicas con los gobernantes de facto de Afganistán. El portavoz del ministerio justifica la medida diciendo que el objetivo es "mejorar las posibilidades de deportación a Afganistán y repatriar allí a los delincuentes".
A cambio de su cooperación, los talibanes insisten en que funcionarios consulares colaboren en territorio alemán: piden, por ejemplo, verificar más identidades y expedir más pasaportes. También insisten en que el régimen condenado internacionalmente sea aceptado en la esfera consular.
En Alemania ha suscitado preocupación y críticas duras por parte de organizaciones en defensa de los inmigrantes, como ProAsyl. El reclamo es claro: no se puede normalizar a un régimen que oprime a su propia población.
Agilizar — hacer más rápido. Canciller — jefe del gobierno alemán. Contraprestación — lo que se ofrece a cambio. Suscitar preocupación — provocar inquietud. De facto — en los hechos, sin reconocimiento oficial.
¿Es legítimo negociar con un gobierno no reconocido para fines prácticos como la deportación? ¿Qué diferencia hay entre "reconocer" diplomáticamente y "tratar" técnicamente con un régimen?
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