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El "lawfare" es un anglicismo que combina "law" (ley) y "warfare" (guerra). Se utiliza para describir el uso del sistema judicial como arma política: es decir, la estrategia de iniciar o promover procedimientos judiciales no para hacer justicia, sino para dañar políticamente al adversario. El concepto ha entrado con fuerza en el debate político español, donde el gobierno de Pedro Sánchez lo utiliza frecuentemente para describir las causas judiciales que afectan a personas de su entorno.
El ejecutivo sostiene que la judicatura española, especialmente los altos tribunales como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, está politizada y actúa de manera sistemática contra el gobierno progresista. Como evidencia, señalan que prácticamente todos los grandes casos judiciales que sacuden al sanchismo han sido instruidos por jueces conocidos por sus afinidades con la derecha.
El Partido Popular y la derecha en general rechazan la tesis del lawfare y acusan al gobierno de intentar deslegitimar a la justicia para eludir sus responsabilidades. Argumentan que en una democracia consolidada, nadie puede estar por encima de la ley, y que invocar el lawfare es una manera de atacar la independencia judicial cuando las sentencias no gustan.
Más allá de las posiciones de cada parte, el debate sobre la independencia judicial en España tiene raíces profundas. El sistema de nombramiento de los altos cargos judiciales, que depende de los partidos políticos a través del Consejo General del Poder Judicial, es señalado por muchos juristas como un punto débil estructural del estado de derecho español.
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