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España ha sido uno de los países miembros de la OTAN que históricamente ha destinado un porcentaje más bajo de su PIB al gasto en defensa. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la presión para que los aliados europeos aumenten su contribución a la seguridad colectiva se ha vuelto especialmente intensa. Trump ha amenazado en varias ocasiones con reducir el compromiso americano con la defensa de Europa si los socios no cumplen el objetivo de dedicar el dos por ciento del PIB a defensa.
El gobierno de Pedro Sánchez ha respondido comprometiéndose a aumentar progresivamente el gasto militar español. El ejecutivo ha presentado un plan plurianual que prevé alcanzar el dos por ciento del PIB en defensa antes de 2029. La decisión ha generado un intenso debate interno en el PSOE, partido que históricamente ha mantenido posiciones más escépticas respecto al gasto militar.
La izquierda del gobierno, especialmente Sumar, ha expresado su oposición al aumento del gasto en defensa. Argumentan que ese dinero debería destinarse a políticas sociales, sanidad, educación y vivienda. Varios eurodiputados progresistas han cuestionado también la lógica de rearme generalizado que parece imponerse en Europa.
El debate no es exclusivo de España. En toda Europa, los gobiernos están revisando sus presupuestos de defensa a la luz de la guerra en Ucrania y de la incertidumbre sobre el compromiso americano con la OTAN. La cumbre de Ankara, prevista para julio de 2026, será un momento clave en la definición del nuevo modelo de seguridad europea.
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