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Mariano Rajoy llegó al poder en noviembre de 2011 con una mayoría absoluta y una crisis económica devastadora. El paro había superado el 25 por ciento de la población activa —y llegaba al 55 por ciento entre los jóvenes. España estaba al borde de necesitar un rescate completo como el de Grecia.
En junio de 2012, el gobierno español solicitó formalmente a la Unión Europea hasta 100.000 millones de euros para rescatar el sistema bancario. A cambio, la Troika —la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI— impuso condiciones duras: más recortes en sanidad, educación y prestaciones sociales, una reforma laboral que abarató el despido, y ajustes fiscales que redujeron los ingresos de millones de familias.
En esos años, la austeridad dejó huellas profundas. Hospitales que reducían sus servicios. Universidades que subían sus tasas. Jóvenes que emigraban en busca de trabajo a Alemania, Reino Unido o América Latina. La palabra "corrupción" aparecía cada semana en los titulares: el propio Partido Popular se vio sacudido por el caso Bárcenas, que reveló una presunta contabilidad paralela con pagos irregulares a dirigentes del partido.
En mayo de 2011, antes de que Rajoy llegara al poder, algo había cambiado en la calle. El movimiento de los "indignados", conocido como 15-M, acampó durante semanas en la Puerta del Sol de Madrid y en plazas de toda España. Jóvenes —y no tan jóvenes— que expresaban su hartazgo con el bipartidismo, la corrupción y un sistema político que sentían que no los representaba.
Del 15-M surgieron experiencias políticas nuevas. En 2014, un grupo de profesores universitarios liderados por Pablo Iglesias fundó Podemos. En 2015, el empresario Albert Rivera lideró la irrupción nacional de Ciudadanos. El bipartidismo PP-PSOE, que había dominado la política española desde 1982, se fragmentó.
El otro gran problema del gobierno de Rajoy fue el conflicto catalán. La crisis económica había intensificado el sentimiento independentista en Cataluña, donde amplios sectores de la sociedad y el gobierno regional —encabezado por Artur Mas y más tarde por Carles Puigdemont— reclamaban el derecho a decidir su futuro mediante un referéndum de independencia.
El gobierno de Rajoy respondió con la negativa absoluta a cualquier negociación. El 1 de octubre de 2017, el gobierno catalán organizó un referéndum ilegal. La policía intentó impedirlo con cargas que dieron la vuelta al mundo. Semanas después, el Parlamento catalán declaró la independencia. Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución, suspendiendo la autonomía, convocando elecciones y procesando a los líderes independentistas.
En mayo de 2018, el PSOE presentó una moción de censura. Por primera vez en la democracia española, prosperaba. Pedro Sánchez, el secretario general del partido que había perdido el liderazgo y lo había recuperado en una lucha interna épica, se convertía en presidente del Gobierno.
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