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Desde la investidura de Pedro Sánchez en enero de 2024, España vive una situación política caracterizada por la tensión permanente. El gobierno socialista-sumarista —Sumar sustituyó a Unidas Podemos como socio de coalición— depende para su supervivencia de una mayoría parlamentaria extremadamente heterogénea, que incluye desde los independentistas catalanes de Junts hasta la izquierda abertzale de Bildu.
Esta aritmética parlamentaria ha convertido cada votación importante en una negociación compleja. Los presupuestos generales del Estado no han logrado aprobarse. El gobierno funciona con presupuestos prorrogados, lo que limita su capacidad de inversión y reforma. Los partidos que le dan apoyo negocian caso a caso, en lo que la oposición denomina un "bazar parlamentario" que pone en cuestión la gobernabilidad del país.
El elemento más controvertido de la legislatura ha sido la Ley de Amnistía para los implicados en el proceso independentista catalán. Aprobada en 2024, la ley ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La figura del expresidente catalán Carles Puigdemont, que lleva años en el exilio belga para evitar ser juzgado en España, ha regresado brevemente a territorio español aprovechando la incertidumbre jurídica.
El debate sobre la amnistía ha dividido al país. Sectores de la izquierda la ven como un instrumento de reconciliación y normalización política en Cataluña. Para la derecha y amplios sectores del centro, representa una capitulación ante el independentismo que viola el principio de igualdad ante la ley.
A las dificultades políticas se ha añadido la presión personal sobre el presidente. Su esposa, Begoña Gómez, fue investigada por la fiscalía por presuntos delitos relacionados con sus actividades empresariales y sus vínculos con contratos públicos. El caso generó una enorme polémica política. Sánchez publicó una carta anunciando que se tomaba días para reflexionar sobre si continuar en el cargo, en un movimiento que sus críticos calificaron de teatral y sus seguidores de valiente. Finalmente anunció que seguiría.
Más allá de la crispación política, España enfrenta retos estructurales de largo plazo. El mercado de la vivienda está en crisis, con precios disparados especialmente en Madrid, Barcelona y las capitales costeras, donde los jóvenes no pueden permitirse alquilar ni comprar. La sequía y el cambio climático presionan sobre la agricultura y el suministro de agua. La demografía muestra un envejecimiento acelerado que tensiona el sistema de pensiones.
Al mismo tiempo, España tiene fundamentos económicos sólidos: el turismo bate récords año tras año, el desempleo ha bajado del quince por ciento, y el país ha absorbido con relativa fluidez la mayor oleada migratoria de su historia reciente. La contradicción entre una sociedad que funciona y una política que no se entiende es quizás el rasgo más definitorio de la España de mediados de los años veinte.
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