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El Derecho Constitucional estudia la norma de mayor rango dentro de cualquier ordenamiento jurídico: la Constitución. En un Estado constitucional, todas las demás normas —leyes, reglamentos, decretos— deben ser compatibles con la Constitución. Cuando una norma la contradice, puede ser declarada inconstitucional y perder su validez.
La Constitución es el texto fundacional del Estado. Establece la forma de gobierno (monarquía o república, parlamentaria o presidencial), la organización del poder (quién legisla, quién gobierna, quién juzga), los derechos fundamentales de los ciudadanos y los mecanismos de reforma constitucional. En España, la Constitución de 1978 reconoce, entre otros, el derecho a la vida, a la libertad, a la educación y a la igualdad.
El órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Tiene el poder de declarar inconstitucional cualquier ley aprobada por el Parlamento si considera que vulnera la norma suprema. Sus sentencias son definitivas e inapelables. Es un tribunal que no resuelve conflictos entre particulares sino que controla la adecuación de las normas al texto constitucional.
Una de las partes más importantes de cualquier Constitución es la tabla de derechos fundamentales. Estos son derechos que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos y que no pueden ser eliminados ni siquiera por el legislador, salvo mediante una reforma constitucional. En el sistema español, los derechos fundamentales gozan de protección especial y pueden ser defendidos ante el Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo.
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