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El Derecho del Consumo es una rama relativamente reciente del ordenamiento jurídico español, impulsada en gran medida por el Derecho de la Unión Europea. Su objetivo es proteger al consumidor — la parte más débil en la relación con el empresario — frente a prácticas abusivas, publicidad engañosa y productos defectuosos. La norma principal es el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Un consumidor es, según la ley, cualquier persona física o jurídica que actúa fuera de su actividad comercial o profesional. Cuando compras un ordenador para uso personal, eres consumidor. Cuando lo compras para tu empresa, no lo eres — la relación queda regulada por el Derecho Mercantil general.
Entre los derechos más importantes del consumidor está el derecho a la información veraz sobre los productos y servicios. La publicidad no puede ser engañosa. Las condiciones del contrato deben ser claras y comprensibles. Las cláusulas abusivas — aquellas que crean un desequilibrio significativo en perjuicio del consumidor — son nulas de pleno derecho.
El derecho de desistimiento permite al consumidor que ha contratado a distancia — por internet o por teléfono — resolver el contrato en un plazo de catorce días sin necesidad de alegar causa alguna. El vendedor tiene la obligación de devolver el precio pagado. Este derecho no existe cuando se compra en una tienda física.
Cuando un producto vendido al consumidor tiene un defecto, el vendedor está obligado a repararlo, sustituirlo o reembolsar el precio durante un período de garantía legal. En España, ese período es actualmente de tres años para los bienes muebles. La garantía se aplica a los defectos que existían en el momento de la entrega, aunque se manifiesten después.
Cuando hay un conflicto de consumo, el consumidor puede reclamar a través de las hojas de reclamaciones, las organizaciones de consumidores como la OCU o Facua, el sistema arbitral de consumo — que es gratuito y rápido — o los juzgados civiles.
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